Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ha comenzado a evaluar las nuevas pruebas presentadas por el representante a la Cámara Iván Cepeda, en una sesión plenaria de esa corporación, confirmaron este martes voceros del ente investigador.
Según testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el exmandatario ayudó desde la Gobernación de Antioquia (1994-1997) a conformar el Bloque Metro y fue miembro activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque (Antioquia), al noroeste de Colombia, a mediados de los 90.
Monsalve, que trabajó en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón.
Estas declaraciones fueron recogidas por Iván Cepeda el pasado 16 de septiembre en la cárcel de Combita, en Boyacá (oriente colombiano).
En la sesión, Cepeda aportó fotografías y los testimonios de Monsalve y de Pablo Hernán Sierra, otro exparamilitar, que afirmaron contar con elementos para sustentar sus afirmaciones.
Según el testigo, Luis Alberto Villegas se encargaba de los negocios del grupo que consistían en “las cocinas y lo del tubo” (refiriéndose a los laboratorios de cocaína y al robo de gasolina del poliducto) y Álvaro Uribe “estaba encargado del ala militar”.
Tras esta denuncia, el representante a la Cámara reveló que ha recibido amenazas, por lo que pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General que atienda este panorama que altera su seguridad.
Asimismo, exigió que se establezca la responsabilidad de los autores.
“Yo si he recibido amenazas permanentemente y espero que esta nueva situación no agudice esa situación de inseguridad”, precisó Cepeda.
El parlamentario señaló que el exmandatario colombiano no tiene fuero constitucional, porque los hechos por los que lo investiga la Fiscalía por presuntos nexos con el paramilitarismo que ocurrieron cuando era gobernador de Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia ha condenado hasta ahora una veintena de dirigentes políticos, entre excongresistas, exgobernadores y exalcaldes debido a nexos con paramilitares, mientras que otro centenar se encuentra bajo investigación.
Entre 2003 y 2006, las AUC pactaron con el gobierno de Álvaro Uribe su desmovilización, con lo que obtuvieron beneficios procesales a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas.
Radio del Sur
