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| La ministra de Comunicación, Amada Dávila. (ABI) |
La Paz, 4 ene (ABI).- El gobierno boliviano de Evo Morales orienta sus decisiones en base de los mandatos de la Constitución, dijo el viernes por la noche la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, entrevistada por el director de la multimedia Fides, el sacerdote católico Eduardo Pérez, al comentar la reciente nacionalización de las comercializadoras de electricidad en las ciudades de La Paz y Oruro.
"El Estado tiene que controlar ese tipo de recursos que están en poder de una empresa privada, siendo un recurso estratégico que tiene que estar controlado por el Estado, es un tema de soberanía, no puede el agua ni la luz estar en manos de una empresa privada", reseñó.
Dávila explicó que la decisión de estatizar en el tramo final de 2012 las comercializadoras de electricidad en las ciudades de La Paz y Oruro, Electropaz y Elfeo respectivamente, en manos del consorcio español Iberdrola desde los '90, , fue estudiada, debatida y adoptada por el Gabinete de ministros en cabeza del presidente Morales.
Preguntada por Pérez si la prestación de servicios, tales como el agua y la energía, se encuentra mejor ahora en manos del Estado, Dávila expresó su convicción de que era efectivamente así, aunque reconoció que el manejo técnico enfrentó problemas por la carestía de recursos humanos lo suficientemente capacitados.
"Yo creo que en muchos aspectos está mucho mejor, hay todavía problemas que se tienen que resolver, pero esos problemas no tienen que ver solamente con una administración pública, tienen que ver con otros problemas estructurales, tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de que los funcionarios o los técnicos se especialicen mucho más. En este momento, el Estado enfrenta una escasez de profesionales de alto nivel muy capacitados, ese es un problema, el Presidente Evo Morales ya lo ha planteado, de hecho dentro del Estado existe la decisión política de enviar a lo largo de este año (2013), para que puedan ir a especializarse para el manejo estratégico de recursos que para el Estado", explicó.
La carta política boliviana, vigente desde 2009, consagra el acceso al agua y la energía como derechos humanos.
La administración del presidente Morales nacionalizó la mayor parte de los sectores de generación, transporte y comercialización de energía, que en lapso 1993-1997 pasaron de la tuición del Estado a manos de privados bajo el signo de la capitalización de la mayor parte de las empresas del Estado, incluso las estratégicas.
La distribución y comercialización del agua en las ciudades de La Paz y El Alto fue transferida en 1997 al grupo galo-sueco Lionez Deux Sous (Aguas del Illimani) y el gobierno transitorio del presidente Carlos Mesa (2003-2005) volvió el servicio a tuición del Estado.
Desde su asunción al gobierno de Bolivia, en 2006, Morales ha nacionalizado los hidrocarburos, la minería y la energía, lo mismo que las telecomunicaciones.
En 2013 Bolivia prevé orbitar su primer satélite de comunicaciones en más de 186 años de vida independiente.
Con Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, el Estado ha recuperado papel protagónico en la economía y los servicios.
cc/ ABI
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